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El Financiero
06/12/2016
El 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional que da lugar al surgimiento de la Fiscalía General de la República a partir de 2018. El transitorio decimosexto dice que la persona que ocupe el cargo de procurador general de la República cuando se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía se convertirá –de forma automática– en primer fiscal general por nueve años. Votación en el Senado: 99 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. Votación en Diputados: 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones.
El 26 de octubre de 2016 el presidente de la República propone a Raúl Cervantes como procurador general de la República. Tras una breve comparecencia, el senador fue aprobado casi por unanimidad: 82 votos a favor, tres en contra y una abstención. Los cuatro votos disidentes fueron de Manuel Bartlett, Manuel Merino y Layda Sansores, todos del Partido del Trabajo. En la comparecencia nadie cuestionó la presunta cercanía de Cervantes con el Ejecutivo federal ni se comentó el artículo decimosexto transitorio. Se habló sobre la situación de seguridad del país y de las posibles transformaciones institucionales que llevaría a cabo.
Apenas consumada la designación, voces de la sociedad civil empezaron a cuestionar que la cercanía del nuevo procurador con el consejero jurídico de Los Pinos afectaría su independencia. Por ejemplo, Denise Dresser le negaba el beneficio de la duda a Cervantes y dijo que el Senado “pisoteó su papel de contrapeso”. “Exigir que no sea fiscal general no es un acto de mezquindad o purismo. Es un deber ciudadano. Es una forma de decirle al presidente y al Senado que no aceptaremos fruta envenenada proveniente de un árbol envenenado”.
Fue entonces que algunos senadores empezaron a cuestionar la idoneidad del procurador para convertirse en fiscal. Por ejemplo, el coordinador de los senadores del PAN dijo que su bancada no estaba de acuerdo con que hubiera una ruta “aparentemente determinada” para que Cervantes dirigiera al nueva Fiscalía. El senador Ríos Piter hizo eco de la crítica de que Cervantes había llegado “para cubrirle la espalda a unos cuantos del poder en turno” y propuso ampliar el proceso de selección del próximo fiscal. El senador Miguel Barbosa dijo que “la intención es empujar una reforma para modificar el décimo sexto transitorio [para evitar que] la ley convierta al procurador automáticamente en fiscal general”.
Como respuesta a las críticas, el 29 de noviembre el presidente de la República mandó una iniciativa al citado transitorio para eliminar el pase automático de procurador a primer fiscal y que sea el Senado el que inicie el procedimiento para la designación del nuevo fiscal general de la República, pudiendo participar el mismo Cervantes. Se trata de una reacción oportuna –por cierto, el boletín oficial sugiere que fue el mismo procurador quien habría sugerido dicha iniciativa– que despeja el camino pero que pone al desnudo un funcionamiento errático del Senado para fungir como control político del Poder Ejecutivo.
Si había dudas respecto a la idoneidad del candidato, ¿por qué se le aprobó casi por unanimidad? Si no gustaba el transitorio decimosexto, ¿por qué se aprobó así en 2014? Más aun, ¿por qué no se debatió ese tema antes de aprobar al nuevo procurador? ¿Por qué criticar una vez que el hecho se había consumado?
La académica y exconsejera del Instituto Federal Electoral, María Marván Laborde, dijo que la iniciativa de Enrique Peña Nieto es un “gesto de sensibilidad”. Y es cierto, sin esperar que la crítica minara a su colaborador (y quizá persuadido por este), el presidente cambió a tiempo. Las voces críticas del nombramiento de Cervantes, sin embargo, no fueron tan entusiastas en reconocer el gesto presidencial.
El affaire Cervantes refleja dos problemas. Primero, que el Senado no está ejerciendo con oportunidad y profesionalismo su papel de contrapeso. Que es capaz de aprobar un nombramiento y desdecirse días después. Que es capaz de aprobar una reforma constitucional y cuestionarla dos años después. En el caso del nombramiento de los magistrados electorales, empañó el proceso cuando modificó el plazo una vez que ya habían rendido protesta. También ocurrió con el nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora cuando se cuestionó que el examen para su aprobación hubiese sido superficial y fast track.
El segundo problema es que la discusión de los nombramientos se personaliza. Si el procurador designado hubiera sido un aliado de las organizaciones o personalidades que alzaron la voz, nadie hubiera cuestionado el artículo decimosexto transitorio de la reforma constitucional. Nunca hubiéramos visto al gobierno reaccionar para darles gusto a sus críticos. En un país donde la característica principal de los nombramientos es la personalización, nadie se cuestiona la calidad de nuestras leyes ni de los procesos que llevan a estas designaciones.
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