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/luis.c.ugalde
El Financiero
31/10/2017
Así se quedaron los partidos de oposición que demandaban que el Senado objetara la destitución de Santiago Nieto como fiscal de delitos electorales, ya que el viernes desistió de su demanda de objetar el proceso. “Nos quedamos vestidos y alborotados; nos quedamos sin materia de trabajo”, dijo Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD en el Senado. La misma expresión usó Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN.
Efectivamente, el exfiscal tiró la toalla de forma inexplicable. Argumenta que no quiere polarizar al Senado, pero su función era proteger la autonomía de la Fiscalía no evitar pleitos entre partidos, asunto que estaba logrando mediante la objeción. El vigor (y también imprudencia mediática) con que llevó a cabo su función era alentadora, pero desistirse en el último minuto pone en duda todo el sainete. Será un héroe pasajero para grupos de la sociedad civil y para algunos partidos políticos, pero no contribuye a defender la verdadera autonomía de las instituciones políticas. Nieto debió haber aguantado hasta el último minuto y, si efectivamente su rol como fiscal era insostenible por la controversia que generó, podría haber renunciado, pero una vez reinstalado.
Sin embargo, es muy buena noticia que el Senado decida continuar con el procedimiento al margen de que el exfiscal se haya retirado. Aun si se ratifica la destitución, el Senado habrá ejercido un verdadero contrapeso frente al presidente de la República y de protección de la autonomía de las instituciones. Aunque la Fepade no cuenta con autonomía constitucional, sí con autonomía técnica y de gestión y ella requiere protección. Que el Congreso objete el despido de Nieto es una fuente para proteger a sus titulares en el futuro.
El Senado debe exigir al procurador en funciones una motivación y fundamentación clara de su decisión, pero también demandar del exfiscal una explicación de sus traspiés mediáticos y de la presunta violación al debido proceso de la cual es acusado, incluso penalmente por algunos detractores. La comparecencia debe servir no sólo para proteger la autonomía de la Fepade, sino también para exigir un comportamiento pulcro e impecable de sus titulares.
Que el voto para objetar la destitución sea abierto o secreto es secundario frente al hecho simbólico de someter a escrutinio público a dos funcionarios –un hecho inédito en la historia política del país. Reitero: aunque el Senado ratificara la remoción de Nieto, el mero intento de objeción sería un hecho político trascendente.
Por cierto, la oposición se opone al voto secreto porque, argumenta, daría manga ancha a los perversos compradores de votos del PRI. Pero el problema no sólo es del comprador, sino de esos partidos que tienen integrantes que se venden al mejor postor. Asimismo, si es tan importante la transparencia, las bancadas pueden exhortar a sus integrantes a cantar su voto al depositarlo en la urna (quienes no lo hagan develarán así su sentido).
El debilitamiento de la autonomía de las instituciones electorales inició hace muchos años. En 2007 se hizo una reforma electoral que promovieron el PRI y el PRD –con la aquiescencia del PAN, del presidente Felipe Calderón y de López Obrador, que argumentaba un fraude electoral– que incluyó la remoción de los consejeros del IFE para –presuntamente– fortalecer la confianza en la institución, misma que se ha debilitado de manera gradual desde entonces. Cuando se replicó la reforma electoral en las entidades del país, se descabezaron muchos institutos electorales, dando lugar a una mayor intromisión de los partidos políticos en la designación mediante cuotas.
En 2014 se hizo una nueva reforma electoral y se centralizó la organización de los comicios bajo el argumento –esgrimido por el PAN– de que así se evitaba que los gobernadores (del PRI) metieran mano en los comicios locales. Pero ese mismo partido dice que el problema subsiste, y la recién elección de Coahuila ha sido motivo de conflicto porque se acusa fue manipulada por el gobernador Moreira. Mismo argumento en el Estado de México. Asimismo, el INE designa ahora a los consejeros locales, pero se argumenta que son cooptados ya en el cargo por los gobernadores en turno, sean del partido que sean.
En octubre de 2016, el Senado nombró a los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero una vez designados y antes de que fueran juramentados, los mismos partidos
–PRI, PAN y PRD– decidieron alargar los plazos de algunos de ellos y así sentaron la percepción de que se construiría su autonomía, en lugar de expandirla, como era el argumento de los mismos partidos.
Todos los partidos han contribuido, por omisión o comisión, a debilitar la autonomía de las autoridades electorales. Es una bomba de tiempo hacia 2018. No dudo que los perdedores de aquel año querrán hacer una nueva reforma electoral y descabezar a las instituciones como parte de la negociación de la derrota. Y así se seguirá cavando su autonomía. Ojalá sea diferente esta vez.
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