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El Financiero
16/12/2014
Se agota el tiempo para que la crisis de desconfianza sea también una oportunidad. Para que el presidente y el Congreso emprendan acciones inmediatas para remontar el deterioro del humor público. En lugar de tareas con efecto inmediato, el gobierno propuso reformas legislativas que ya se atascaron en el Congreso porque carecen de consenso. Llegamos a fin de año con las manos vacías: sin acciones, con el desafío diario de grupos radicales en las plazas públicas y sin reformas que ataquen la inseguridad y la corrupción. Es la peor combinación para dar respuesta al desánimo generalizado y el deterioro nunca antes visto de confianza en las instituciones políticas.
De no haber golpe de timón en las próximas dos o tres semanas, los escándalos de conflicto de interés se convertirán en una mancha permanente del gobierno. El impacto ha sido tan generalizado que aun los sectores que simpatizaban con el gobierno y con sus reformas se sienten agraviados y decepcionados. No hay forma de que las fiestas decembrinas cambien la percepción. Si la reacción del gobierno no cambia, las acusaciones se convertirán en verdad popular y tristemente el gobierno –haga lo que haga– será juzgado con los lentes del otoño de 2014 al margen del desempeño futuro de la economía o de los buenos resultados de las reformas estructurales.
Como ese fracaso no solo afectaría al gobierno sino al país en su conjunto, es imperativo restaurar el liderazgo presidencial, condición necesaria para que las reformas en marcha, notoriamente la educativa y la energética, puedan ejecutarse con éxito. Sin liderazgo y sin legitimidad, los adversarios –que efectivamente existen y han sido afectados– usarán el descrédito de la clase política como estandarte para la rebeldía y el sabotaje. Ya lo estamos viendo en Guerrero, Oaxaca y Michoacán en el caso de la reforma educativa.
Qué desperdicio del sentido histórico de un gobierno que empezó con el pie derecho y parecía destinado a cambiar la historia económica del país y que en pocos meses parece resignado a que la coyuntura y los errores y problemas propios y ajenos sofoquen y opaquen un proyecto tan importante. Qué miopía concentrarse en una visión estrictamente legal de las acusaciones, sin darse cuenta de que en ocasiones hay cosas que siendo ilegales son incorrectas.
El Congreso cerró su periodo de sesiones y no aprobó ninguna de las propuestas del presidente para recomponer el Estado de derecho (el famoso decálogo). Tampoco aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción que proponía el PAN ni se nombraron a los fiscales en delitos electorales y anticorrupción. ¿Qué hacer entonces más allá de la legislación?
Hay algunas acciones concretas que pueden ayudar en este momento en que se requieren señales claras de sensibilidad y responsabilidad de los gobiernos y los congresos. Aquí seis propuestas.
Primero lo obvio e inevitable: investigar y aclarar las adquisiciones de las diversas casas, incluyendo contrato, pagos y declaración de impuestos. El secretario de Hacienda ya dio el primer paso al pedir que haga una investigación independiente. Ello debe ocurrir también respecto a la ‘casa blanca’ y aquella que renta el consejero jurídico de la presidencia. ¿Quién lo debe hacer? Puede iniciar el Congreso aunque carezca de atribuciones de sanción porque ayudaría al escrutinio político que, eventualmente, puede dar lugar a una investigación formal por parte de una autoridad, o bien, a la exoneración política y limpiar los nombres que han sido señalados.
Segundo, si el presidente ya dio el ejemplo, es necesario obligar a todos los miembros del gabinete a hacer pública su declaración patrimonial y que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales locales hagan un llamado para que los candidatos a gobernador–y en la medida que sea manejable operativamente también otros candidatos– hagan pública su última declaración patrimonial, así como las fiscales. Ojo, esto requiere una modificación legal para que sea obligatorio, pero un llamado de las autoridades establecería un compromiso público que ayudaría mucho a mejorar el humor social. Cabe mencionar que los funcionarios o precandidatos pueden renunciar si optan por el derecho a su privacidad, pero quienes quieran estar en la cosa pública deben estar listos a someterse a un escrutinio mayor.
Tercero, una reducción significativa de los presupuestos de comunicación social del gobierno federal y de los estatales, ya que el exceso de dinero que se asigna sin criterios ni transparencia ha estimulado el silencio de algunos medios frente a casos de corrupción o la complacencia. Sin periodismo independiente y profesional, el combate a la corrupción carece de alertas ciudadanas. (Esta propuesta requiere una medida legislativa que el presidente Peña Nieto propuso cuando era aún candidato, sin que se haya cumplido).
Cuarto, ser impecable en el nombramiento del nuevo fiscal general de la República. Según la reforma que le da nacimiento, el nuevo fiscal será quien sea procurador al momento de entrar en vigor la nueva estructura. El presidente debe tutelar que el elegido, ya sea el actual u otro, cumpla con el requisito de dar confianza. Claramente si el designado es alguien cercano al Ejecutivo, su margen de maniobra será reducido y prevalecerá la imagen de que el fiscal tendrá límites para combatir casos de corrupción que involucren al gobierno federal.
Quinto, enmendar la Ley de Presupuesto para prohibir los fondos de libre asignación a partir de 2016: estimulan los sobornos o moches y distraen la atención del Congreso para vigilar el ejercicio del gasto público. Hacer esto extensivo a todos los congresos del país.
Cinco medidas de efecto inmediato que requieren otras de carácter legislativo para articular una lucha global contra la impunidad y la corrupción. Algunas de ellas son simbólicas pero ayudarían mucho a demostrar que ahora sí hay motivación real de los partidos y los gobiernos para cambiar.
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