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La hora de opinar/Leo Zuckermann
24/08/2017
En entrevista Luis Carlos Ugalde, director de Integralia:
Comentó que los partidos políticos están en el mejor de los mundos en cuanto a su financiamiento, ya que establecen la formula, se benefician y cuando llega el debate patean el asunto. Añadió que es una discusión de años, y siempre cuando se enoja la gente sobre ello, los partidos sólo se limitan a decir que lo discutirán y nunca lo hacen. Sin embargo, señaló que ahora con la elección presidencial se pueda abrir el debate.
Recordó que en 2007 se prometió que se iba a abaratar la democracia, cosa que no pasó, porque el financiamiento de los partidos ha ido en aumento, ya que si bien en 2007 se redujo el financiamiento de campaña se vinculó la fórmula al crecimiento del padrón electoral, además de que en 2014 se obligó a los Estados a que subieran su fórmula y cambió el financiamiento de los partidos a nivel estatal 50 por ciento.
Informó que en 2015 el valor económico de los spots gratuitos en el Valle de México era de 15 mil millones de pesos, sumado a lo del país probablemente ronde en los 40 mil millones de pesos.
Precisó que el costo de la democracia electoral en 2018 puede rondar los cien mil millones de pesos, ya que engloba los seis mil 700 millones de pesos del INE, más otros seis mil que llegarán a través del financiamiento de los Estados, más el valor económico de los spots que aproximadamente sería de 30 mil millones y todo el financiamiento privado legal e ilegal.
Consideró que la democracia mexicana es una de las más caras de dinero no registrado en el mundo, el cual es el que causa más daño.
Explicó que en los últimos siete años las campañas se encarecieron porque las elecciones se volvieron más competitivas, entonces cada voto costaba más y se empezó a expandir el clientelismo electoral; la adquisición de cobertura informativa y los que se empezaron a enriquecer de las campañas.
Subrayó que se da mucho dinero de presupuesto pero no se soluciona el problema de dinero ilegal, lo que da como resultado un dispendio de recursos públicos y luego se tiene dinero privado que corrompe al gobierno en funciones porque dicho gobierno tiene que pagarle a los que lo fondearon en su campaña electoral.