@LCUgalde
/luis.c.ugalde
El Financiero
14/07/2015
Difícil añadir algo diferente a lo esgrimido en columnas y redes sociales: humillación del Estado, corrupción rampante, ineptitud, coraje que se mezcla con burla, denuesto de la imagen del presidente,achicamiento del gobierno. El daño es enorme y algunas implicaciones todavía desconocidas.
En el corto plazo impide que México renazca con una nueva conversación. Este miércoles se abren las posturas económicas de la primera fase de la Ronda Uno de la reforma energética –una muy buena noticia– pero la fuga ya opacó el evento. Esta semana se realiza también una visita oficial meticulosamente planeada a Francia para relanzar la relación bilateral justamente dañada por otro evento penoso: la captura simulada y videograbada de Florence Cassez en 2004. Las buenas noticias de la visita pasarán a segundo plano.
En las últimas semanas México había tenido una magnífica racha en el debate público de Estados Unidos. Sin buscarlo, las declaraciones deDonald Trump alinearon como pocas veces a la opinión pública y a diversos políticos, empresarios y medios de comunicación a favor de los intereses de los migrantes mexicanos. Pero la corrupción interna de los penales de alta seguridad dieron aire para que Trump relanzará su ataque en contra de México: “El mayor señor de las drogas de México escapa de la cárcel. Corrupción increíble y Estados Unidos está pagando el precio. ¡Se los dije!”, escribió en Twitter.
Pero el mayor daño es de mediano plazo. La impunidad que el hecho exhibe destruye cualquier señal de mando, fuerza y autoridad creíble para someter al crimen organizado. Si El Chapo puede escapar de un penal de alta seguridad, todo es corruptible en México. Si el secretario de Gobernación es incapaz de cumplir con una encomienda del presidente de la República, ¿entonces cómo puede coordinar una lucha eficaz contra el narcotráfico? Si las cárceles son inseguras y penetrables, ¿qué caso tiene perseguir a los narcos si al final México es incapaz de procesarlos y mantenerlos encerrados para que purguen sus pecados?
Reza el dicho que toda crisis es una oportunidad y si esta es la mayor crisis que ha enfrentado el presidente, debiese ser también su mayor oportunidad –y quizá ahora sí la última– para relanzar su gobierno. No se requiere un oráculo para saber qué hacer sino estar dispuesto a hacerlo, pagar los costos y erradicar lastres de estilo de gobernar y de colaboradores que restan en lugar de sumar.
Primero castigar severamente a los responsables del ridículo. En la política se requieren castigos ejemplares para recomponer el orden, el sentido de lealtad y la disciplina. No hacerlo a tiempo sólo prolongará el desgaste de la imagen presidencial y el mal desempeño de la política de seguridad. Segundo, cambiar el proceso de toma de decisiones al interior del gobierno. El presidente necesita más voces que escuchar, más disenso para balancear su juicio y menos complacencia con los resultados de su gestión.
Tercero, ejecutar acciones para combatir la corrupción aquí y ahora. Queda claro que ese es el mayor agravio que siente la sociedad y que atenderlo es una vía para recuperar la confianza. No se requiere esperar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción –vaya, ni siquiera se requería esa reforma para que el gobierno tomara la rectoría de ataque de este mal fuera de control. Si el gobierno no asume la batuta en ese tema, en 2018 otros lo harán y quizá de forma desordenada, populista y vengativa que es la peor combinación para combatir la corrupción.
Cuarto, el gobierno debe retomar la agenda de seguridad que lanzó en noviembre de 2014 y que yace inerte en el Congreso. Hay poco tiempo por lo que el gobierno debe focalizar algunos de los elementos de esa estrategia, notoriamente el mando único policial y la agenda de justicia cotidiana que propuso el CIDE.
Finalmente, sólo predicando con el ejemplo puede el gobierno imponer con legitimidad el orden y la ley a otros, notoriamente a los disidentes de la Sección 22, y hacer de la implementación de la reforma educativa la mayor causa para los próximos años. Defender esa reforma y garantizar su éxito puede reconectar al gobierno con la sociedad.
El presidente ordenó investigar y determinar si hubo servidores públicos del penal y del órgano de Prevención y Readaptación Social que hayan estado involucrados en este hecho. La respuesta es obvia. La pregunta es de responsabilidad política. ¿Quién debe dar la cara en su gobierno y asumir la responsabilidad de los hechos? ¿Por qué no hay en México decoro y dignidad –en este cómo en otros casos– para que quien falle, así sea por omisión, presente su renuncia y se vaya?
Hay algo más imperdonable que la fuga de El Chapo: que las cosas sigan igual, que nadie pague por el ridículo mundial y que se administre el statu quo hasta 2018. Ojalá no ocurra.
Twitter: @LCUgalde