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/luis.c.ugalde
El Financiero
23/02/2016
De las 664 denuncias de hechos que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los últimos años, hay 541 en trámite, ocho en reserva, en 12 de ellas se declaró no ejercicio de la acción penal y sólo 21 consignadas. Eso significa que sólo 3.1 por ciento de las denuncias presentadas por la ASF son conocidas por un juez para eventualmente emitir una sentencia.
De nada sirve que la ASF realice una labor más profesional, responsable e imparcial para fiscalizar el gasto público y evaluar el desempeño de los gobiernos (en plural, porque revisa no sólo al gobierno federal sino los recursos de origen federal que gastan los gobiernos estatales y municipales), si los hallazgos de irregularidades no se traducen en castigos para los responsables.
La semana pasada dio a conocer el Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2014 que revela diversos riesgos: falta de información sobre beneficiarios de programas sociales; adquisiciones, contrataciones o inversiones en las que a pesar de cumplir las disposiciones normativas correspondientes, no se contratan en las mejores condiciones de precio o calidad; obra pública; dispersión del gasto público por malas prácticas administrativas (intermediarismo); subejercicios; programas públicos duplicados y sin coordinación; poca precisión para definir población objetivo, así como los procesos de seguimiento, evaluación y control de subsidios; carencia de mecanismos de evaluación de resultados.
Más grave aún: el gran problema que brota en cada página del informe es la debilidad institucional de los gobiernos locales en México para administrar recursos, gastar con eficacia y atender problemas sociales.
La ASF enfrenta tres obstáculos que limitan el impacto de sus auditorías. El primero es la falta de castigo, ya sea administrativo (inhabilitación, multa, amonestación) o penal (cárcel). En 2010, por ejemplo, la ASF promovió mil 893 procesos de sanción administrativaen contra de funcionarios federales, estatales y municipales. Cinco años después 53 por ciento de esas acciones promovidas carecen de resolución por la instancia responsable (contralorías estatales o municipales, así como la Secretaría de la Función Pública u órganos internos de control).
El segundo obstáculo que enfrenta la ASF es el pobre acompañamiento y apoyo que recibe de la Cámara de Diputados. Cada año es la misma historia: se publica el informe de la cuenta pública y algunos legisladores alzan la voz para denunciar los abusos encontrados. Pero días después se olvidan del tema. Si la comisión de Vigilancia de la Cámara —responsable de dar seguimiento a las labores de la ASF— diera puntual seguimiento a la promoción de sanciones y exigiera castigo por parte de las autoridades responsables, la impunidad sería mucho menor.
El tercer obstáculo también está en la Cámara de Diputados: los hallazgos de la ASF no tienen consecuencias presupuestarias. Por más de diez años la Auditoría detectó irregularidades en el Fondo de Educación Básica (FAEB), hoy llamado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Pero nunca se recortaron partidas a los gobiernos estatales que gastaban mal. Por años se han detectado desvíos de fondos para seguridad pública, pero los diputados no castigan con menos dinero a los gobiernos que desvían recursos. Si el gasto mal ejercido no se castiga con reducciones en el presupuesto del año siguiente, el trabajo de la ASF tendrá poco poder preventivo.
El Senado de la República se alista para aprobar nueva legislación anticorrupción que puede ser un paso adelante. Pero la corrupción
—valga la redundancia— se ataca atacándola, no esperando que tengamos un sistema nacional para ahora sí perseguir a los corruptos. Dicho de otra forma: mucho ganaríamos hoy si los diputados de esta Legislatura dieran más apoyo al trabajo de la ASF y supervisaran que los contralores municipales y estatales y los ministerios púbicos hagan su trabajo de investigación y sanción.
Por ejemplo, vale la pena que los legisladores indaguen por qué Veracruz es la entidad con más irregularidades en el uso de las transferencias federales, y por qué lo fue también el año pasado sin que hubiesen medidas correctivas o sancionatorias. Si se quiere combatir el mal desempeño y la malversación de fondos públicos, bien haría el Congreso en garantizar que los responsables sean sancionados, sea quien sea, y que estos resultados tengan consecuencias en el presupuesto del próximo año.
Cada año, los medios dedican dos o tres días a reportar el escándalo, mientras diputados usan la tribuna para acusar a sus adversarios. Pero días después todo se olvida sólo para despertar el año siguiente con la misma cauda de irregularidades. Cada año, quienes damos seguimiento a la labor de la ASF, escribimos el mismo artículo con las mismas deficiencias. (Este texto retoma párrafos de textos escritos por mí en 2015 y 2014 en este mismo diario).
El gran problema de la fiscalización en México es que la ASF lleva a cabo un trabajo profesional de revisión técnica del gasto pero sus observaciones no tienen consecuencias porque la Cámara de Diputados y las instancias sancionadoras no hacen su trabajo correctamente. Mientras la fiscalización no tenga consecuencias, el mal gasto público seguirá siendo un crimen sin castigo.
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